Presentaron recomendaciones técnicas para avanzar en materia de tecnologías 5G

San José, 22 de Febrero de 2023

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER), realizaron la tercera Jornada Técnica de análisis y propuestas para la atención de problemáticas nacionales, en ese caso particular, sobre la implementación de las Tecnologías 5G en Costa Rica.

El diagnóstico fue realizado por el Sr. Luis Adrián Salazar Solís. La dinámica también incluyó un panel de expertos que emitieron criterios con sustento profesional, integrado por la Sra. Johana Obando Bonilla, Diputada de la República; Sr. Yandell Salazar Soto, Experto CFIA; y el Sr. Andrés Oviedo Guzmán, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Infocom. La moderación estuvo a cargo del periodista Erick Murillo Valenciano.

A continuación, las propuestas del CFIA para la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica.

  • El país debe establecer una política pública que incentive el desarrollo de las telecomunicaciones y sea justa para todos los actores: operadores públicos y privados, gobiernos locales, instituciones como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como usuarios. Todo esto con el objetivo de reducir la brecha digital.
  • Se requiere una estrategia país que permita ser pionero en el uso de las Tecnologías 5G, de modo que facilite la implementación de las mismas, a través de descuentos, incentivos y exenciones (por los primeros 2 años al menos). Estas medidas deben establecerse tanto por el gobierno central, como por los gobiernos locales; y ser ejecutadas FONATEL.
  • Es necesario que el país avance en la subasta del espectro, la cual está detenido por la no conformación del Consejo de la SUTEL. Las asignaciones y concesiones se deben guiar en criterios de eficiencia, eficacia, impulso al crecimiento y la productividad, democratización de los servicios finales y desarrollo social, y se debe evitar el uso de sistemas que premien o castiguen por criterios políticos.
  • La competencia de los operadores públicos y privados es asimétrica. La regulación que se aplica a empresas públicas en muchos casos impide la inversión y el desarrollo. Además, por Ley se le han otorgado responsabilidades al operador estatal que responden a negocios deficitarios, y esto no se ha ajustado posterior a la apertura del mercado, como sí ha sucedido en otros países de la región. Se debe revisar la legislación en búsqueda de mayor eficiencia e igualdad de condiciones para todos los actores.
  • Actualmente, la normativa no permite agilidad en la implementación de las Tecnologías 5G; y para resolverlo se han presentado iniciativas legales que pretenden consentir el uso de infraestructura pública, así como compartida. Algunas propuestas se encuentran en la Asamblea Legislativa y otras ya han sido aprobadas, pero es necesario su avance en la aprobación y reglamentación.
  • Deben revisarse los trámites para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, pues dependiendo del municipio, el otorgamiento del permiso puede tardar varios meses,
  • El país debe tomar un acuerdo en el que participen todas las partes interesadas en materia de ciberseguridad. Los operadores y cámaras, en apoyo con los colegios profesionales, deben asegurarse de que las decisiones políticas se tomen con base en criterios técnicos y que no vayan en perjuicio del erario público. Deben ser analizadas todas las alternativas posibles, o en su defecto, compensar de alguna manera el incremento de costos que van a generar las medidas tomadas por el gobierno.
  • En Costa Rica la regulación y los tratados comerciales que se han suscrito en el pasado promueven la neutralidad tecnológica, esto implica que los operadores puedan desarrollar la tecnología que sea viable, siempre que sea de vanguardia. Desarrollar una red nueva, con criterios de ciberseguridad particulares, como lo sugiere el Decreto N°44196 promulgado por el gobierno, es un proceso oneroso que impacta directamente las estrategias de negocio de los operadores, y en el caso del operador estatal, representa un riesgo ya que está obligado a hacer uso eficiente de sus recursos económicos por ser fondos públicos.
  • Las tecnologías 5G permiten grandes avances en áreas como la telemedicina, propicia la mejora en procesos productivos, vehículos autónomos, hogares inteligentes, entre otros; es por eso, que la pronta implementación, unida a otros beneficios como el uso de energías limpias, la ciberseguridad, etc., pueden convertir a Costa Rica en un centro de datos para Centroamérica, atrayendo inversión, riqueza, oportunidades laborales para los profesionales en ingeniería y para nuestros empresarios.
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