Manifiesto del Grupo Consenso en Relación con la Problemática en la Construcción de Obra Pública de Infraestructura Vial

San José, 29 de octubre de 2021

El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional conformado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI), y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR), presentan a la ciudadanía su posición con respecto al futuro de la infraestructura vial del país, en atención a la difícil situación que se ha presentado recientemente.

Aún y cuando solo el debido proceso podrá definir la verdad real de los hechos, los ciudadanos hemos sido sacudidos por las denuncias recientes que ha hecho el Ministerio Público acerca de una aparente estructura sofisticada, compuesta por funcionarios públicos y algunas empresas privadas, para obtener beneficios indebidos mediante presuntas prácticas ilícitas, producto de la gestión de obras de infraestructura vial en sus diferentes fases. Para tranquilidad de todos, el proceso judicial debe establecer la verdad real con prontitud, de modo que se establezcan las responsabilidades, si las hubiere, que correspondan.

La corrupción produce un enorme daño al país y a su institucionalidad, por lo cual, debe ser combatida y sus gestores deben ser sancionados. La sombra de los hechos denunciados, no debe opacar el gran valor de la obra pública para la reactivación económica, el servicio de los ciudadanos, y la urgente necesidad de la construcción de nuevas obras en Costa Rica.

El daño ocasionado será mayor, si esta situación provoca una parálisis institucional y de las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución. Por lo que es necesario, para evitar esta situación, que las instituciones responsables sean objeto de un proceso de revisión, fortalecimiento y si es del caso, de reestructuración, bajo una visión de integralidad, que permita la correcta ejecución de las obras, de forma transparente y urgente.

En ese sentido, es imperativo apoyar la gestión del Ministro de Obras Públicas y Transportes para que las instituciones sigan operando, y que las obras avancen, bajo las más estrictas medidas de transparencia, probidad y rendición de cuentas.

Las autoridades a cargo deben tener la capacidad para definir a la mayor brevedad posible un plan que identifique todos los riesgos, pero sobre todo, proponga formas efectivas de mitigación de los potenciales daños adicionales, resultado de la fractura de los sistemas administrativos, privados y públicos, a cargo de esas obras. Estos planes son contingentes, deben tratarse con sentido de urgencia, y deben ser amplios de modo que ninguna dimensión de riesgos quede soslayada.

El Grupo Consenso hace un llamado vehemente para que las autoridades competentes procedan con celeridad a abrir los procesos de proveeduría estatal. Una de las causas más sólidamente señaladas para que la corrupción encuentre grandes oportunidades, es el secretismo, la distribución discriminada de información clave, la negociación oculta de condiciones cartelerías y concursales.

La transparencia debe pasar de ser un discurso, a ser un sistema. Cada paso a lo largo de toda la cadena de gestión del proyecto, debe estar sujeto al escrutinio ciudadano, y a la rendición de cuentas. La sistematización de este propósito no puede esperar. Lograrlo es el mejor camino para recuperar la confianza y poco a poco recuperarnos del daño infringido.

Reconocemos que tenemos en el país la capacidad técnica y empresarial para ejercer el control en el corto plazo, transparentar nuestras instituciones y procesos, y proveer al país con diseños institucionales eficientes bajo las más estrictas normas y condiciones de probidad en la función pública y en la empresarial. Esto requiere, sin embargo, del liderazgo de las autoridades del Gobierno Central, a quienes les compete priorizar acciones y abrir los espacios que se requieren para que la renovación y el cambio sean posibles.

En la gestión del cambio necesario, no podemos ser conformistas. Se hace necesario adoptar sistemas tecnológicos modernos, transferir mejores prácticas, adoptar mecanismos que instrumenten mejor la competencia entre proveedores, de modo que el Estado tenga acceso a las mejores soluciones posibles. Tenemos derecho a las mejores obras, construidas en costos y tiempos comparables a los mejores estándares mundiales.

Nuestro deber colectivo es convertir esta profunda crisis, en una obligada oportunidad de cambio, donde se pueda crear el ambiente y las condiciones que se necesitan para que logremos avances disruptivos que permitan mejorar la gestión de la infraestructura a los niveles que el país requiere, para seguir atrayendo inversión, potenciar las empresas locales, promover la movilidad en formas más inteligentes y sostenibles.